Les traigo en este artículo un resumen de una publicación del abogado José Aylwin del Observatorio Ciudadano (ya he escrito cosas de él en mi blog, acá por ejemplo) que viene en El Ciudadano; y que relata el vergonzoso dictamen de la Justicia Militar Chilena que a principios de enero sentenció sólo a 2 años de firma mensual y suspensión temporal del cargo al carabinero que mato de un balazo por la espalda al Mapuche Matías Catrileo (ver noticia de LA RADIO)
El Carabinero (Cabo) Walter Ramírez, en el mismo juicio, fue identificado como el "autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte", pero, pese a que el fiscal pedía 10 años de carcel (de una pena máxima de 15 años), el Juzgado Militar de Valdivia lo condenó a dos años de presidio con pena remitida, lo que significa que no irá a la cárcel y que además mantendrá su condición de funcionario activo de Carabineros. "El fallo de la justicia militar en el caso de Matías Catrileo deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado, constituye una vergüenza para la justicia chilena."
Estamos, como señala José Aylwin, y yo me atrevo a señalar que a vista de cualquiera que con un mínimo de moral o ética analice el fallo y los acontecimientos que terminaron en la Muerte de Catrileo, ante "una nueva situación de impunidad frente a los crímenes cometidos por efectivos policiales en el marco de los conflictos por tierra que involucran a comunidades mapuche".
Debemos recordar que a Catrileo se suman 2 mapuches más, Lemun el 2002 y Mendoza Collio el 2009, que "han fallecido en el contexto de dichos conflictos como consecuencia del actuar abusivo de carabineros". Todos los homicidios, igual que el de Matías Catrileo, permanecen "impunes a la fecha". Y a esto debemos sumar, que en la misma impunidad han quedado los "numerosos casos de violencia policial verificados en contra de mapuche involucrados en hechos de protesta social o defensa de sus derechos –solo el 2009 se constataron 25 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectaron a 55 personas mapuche, entre ellos niños-, imputables a agentes policiales del Estado".
Según el co-Director del Observatorio Ciudadano, la impunidad en que quedan estos actos de violencia responden a 2 factores. Por un lado esta "la tolerancia de las instituciones policiales y, más grave aún, de las instancias gubernamentales de las que éstas dependen (Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa) frente a este tipo de abusos, los que no son investigados ni sancionados administrativamente, a pesar de existir normativa que permite hacerlo". Y por otra parte, esta "la persistencia de la competencia de la justicia militar para conocer de los delitos que cometen funcionarios policiales en contra de la población civil. Dicha justicia, como sabemos, carece de la imparcialidad necesaria para juzgar tales delitos, y no garantiza el derecho al debido proceso".
Al respecto de esto último, el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en esta sentencia) solicito al Estado Chileno "modificar el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar". Pero pese al tiempo transcurrido desde ese fallo, la mentada reforma todavía no se materializa, y poco se ha discutido incluso sobre ella.
La reforma es responsabilidad del poder legislativo Chileno, es decir el Congreso Nacional y sobretodo el jefe del poder ejecutivo; que no es otra que la tan bien evaluada Presidenta Bachelet. "En efecto, la Presidenta dilató hasta el 2007 la presentación al Parlamento de una iniciativa específica de reforma de la justicia militar." En la propuesta presidencial, sin embargo, "se mantenía la competencia de dicha justicia para conocer de los delitos de maltrato de obras a carabineros cometidos tanto por militares como por civiles, lo que desoía abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana sobre la materia". Sólo en septiembre del año pasado, producto de la presión de diversos organismos, la Presidenta "presentó una nueva iniciativa de reforma legal en la materia, esta vez eliminando definitivamente la competencia de la justicia militar para conocer de casos que involucren a civiles, restringiéndola al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares". (algo es algo, y pero es nada...)
Lo ridículo del fallo contra el carabinero que mato por la espalda a Matías Catrileo, es una clara muestra de la "urgente necesidad de limitar la competencia de la justicia militar", algo que la misma Corte Suprema ha mencionado, señalándola como “una reforma esencial desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
La responsabilidad del gobierno de Bachelet en esta problemática (la violencia contra los mapuche y la impunidad en que quedan estos actos) "debe ser subrayada". Así como también "el mensaje que éste entrega al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos que involucran a sus comunidades en el sur del país". Las autoridades políticas y de orden, además de los medios de comunicación, son grandes responsables de la situación que se vive en las comunidades mapuche de la Araucanía; su actuar "en nada contribuye a su resolución de manera pacífica, sino por el contrario, constituye una abierta incitación a la violencia".
El artículo de José Aylwin pueden leerlo desde acá
MANU(el Andres) SANDOVAL (Baros)
...."Deja la Vida Volar"....
El Carabinero (Cabo) Walter Ramírez, en el mismo juicio, fue identificado como el "autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte", pero, pese a que el fiscal pedía 10 años de carcel (de una pena máxima de 15 años), el Juzgado Militar de Valdivia lo condenó a dos años de presidio con pena remitida, lo que significa que no irá a la cárcel y que además mantendrá su condición de funcionario activo de Carabineros. "El fallo de la justicia militar en el caso de Matías Catrileo deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado, constituye una vergüenza para la justicia chilena."
Estamos, como señala José Aylwin, y yo me atrevo a señalar que a vista de cualquiera que con un mínimo de moral o ética analice el fallo y los acontecimientos que terminaron en la Muerte de Catrileo, ante "una nueva situación de impunidad frente a los crímenes cometidos por efectivos policiales en el marco de los conflictos por tierra que involucran a comunidades mapuche".
Debemos recordar que a Catrileo se suman 2 mapuches más, Lemun el 2002 y Mendoza Collio el 2009, que "han fallecido en el contexto de dichos conflictos como consecuencia del actuar abusivo de carabineros". Todos los homicidios, igual que el de Matías Catrileo, permanecen "impunes a la fecha". Y a esto debemos sumar, que en la misma impunidad han quedado los "numerosos casos de violencia policial verificados en contra de mapuche involucrados en hechos de protesta social o defensa de sus derechos –solo el 2009 se constataron 25 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectaron a 55 personas mapuche, entre ellos niños-, imputables a agentes policiales del Estado".
Según el co-Director del Observatorio Ciudadano, la impunidad en que quedan estos actos de violencia responden a 2 factores. Por un lado esta "la tolerancia de las instituciones policiales y, más grave aún, de las instancias gubernamentales de las que éstas dependen (Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa) frente a este tipo de abusos, los que no son investigados ni sancionados administrativamente, a pesar de existir normativa que permite hacerlo". Y por otra parte, esta "la persistencia de la competencia de la justicia militar para conocer de los delitos que cometen funcionarios policiales en contra de la población civil. Dicha justicia, como sabemos, carece de la imparcialidad necesaria para juzgar tales delitos, y no garantiza el derecho al debido proceso".
Al respecto de esto último, el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en esta sentencia) solicito al Estado Chileno "modificar el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar". Pero pese al tiempo transcurrido desde ese fallo, la mentada reforma todavía no se materializa, y poco se ha discutido incluso sobre ella.
La reforma es responsabilidad del poder legislativo Chileno, es decir el Congreso Nacional y sobretodo el jefe del poder ejecutivo; que no es otra que la tan bien evaluada Presidenta Bachelet. "En efecto, la Presidenta dilató hasta el 2007 la presentación al Parlamento de una iniciativa específica de reforma de la justicia militar." En la propuesta presidencial, sin embargo, "se mantenía la competencia de dicha justicia para conocer de los delitos de maltrato de obras a carabineros cometidos tanto por militares como por civiles, lo que desoía abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana sobre la materia". Sólo en septiembre del año pasado, producto de la presión de diversos organismos, la Presidenta "presentó una nueva iniciativa de reforma legal en la materia, esta vez eliminando definitivamente la competencia de la justicia militar para conocer de casos que involucren a civiles, restringiéndola al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares". (algo es algo, y pero es nada...)
Lo ridículo del fallo contra el carabinero que mato por la espalda a Matías Catrileo, es una clara muestra de la "urgente necesidad de limitar la competencia de la justicia militar", algo que la misma Corte Suprema ha mencionado, señalándola como “una reforma esencial desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
La responsabilidad del gobierno de Bachelet en esta problemática (la violencia contra los mapuche y la impunidad en que quedan estos actos) "debe ser subrayada". Así como también "el mensaje que éste entrega al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos que involucran a sus comunidades en el sur del país". Las autoridades políticas y de orden, además de los medios de comunicación, son grandes responsables de la situación que se vive en las comunidades mapuche de la Araucanía; su actuar "en nada contribuye a su resolución de manera pacífica, sino por el contrario, constituye una abierta incitación a la violencia".
El artículo de José Aylwin pueden leerlo desde acá
MANU(el Andres) SANDOVAL (Baros)
...."Deja la Vida Volar"....
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